DILEMA POLÍTICO - JURÍDICO DEL ABORTO

PRESENTACIÓN DEL TEMA

La postura que adopta el Estado respecto del aborto termina por condicionar- y hasta cuestionar- su propia existencia como institución política. El Estado está pensando para defender los derechos esenciales de la persona, y permitir la convivencia social de forma pacífica. Si el estado o sus poderes deciden o disponen sobre valores esenciales de la persona, como es el valor de la vida que se sabe es inherente a ella y por tanto intangible e indisponible, actúa totalmente al margen de su razón de ser, y al profesar una “cultura de la muerte”, todo lo que decida en contra del respeto de la vida supondría una clara extralimitación de funciones y carecería de todo valor. El respeto de derechos inherentes a la persona, como es el derecho a la vida. No es un tema de moral religiosa o cristiana, sino de moral humana, como ya lo ponía en evidencia Hipócrates. Como bien señala SCHOOYANS el aborto no puede ser reducido a una cuestión de conciencia personal, y luego remitirse a lo que digan o dispongan algunas conciencias. El tema del aborto debe ser encarado como una cuestión política y del Estado, que tiene que asumirlo con conciencia de que en ello existe un solo rumbo a seguir, y es el marcado por el respeto innegociable del don de l vida de todas y cada una de las personas, aún cuando tengan sólo “horas” de existencia. Las mayorías parlamentarias en los sistemas democráticos carecen de facultades para la liberación del aborto, y si ello ocurre son responsables del suicidio de la democracia, pues pasaron a disponer de la vida, lo que, por cierto no está en el ámbito de sus competencias. El parlamento no puede decidir quiénes con o no sujetos de derecho. Al liberalizar el aborto se termina por arrogar facultades que los políticos realmente no tienen.

LÓPEZ TRUJILLO , comenta sobre el punto que nos hallamos ante la insensatez de pensar que no castigar el crimen, la despenalización, es una forma de civilidad. Se olvida que elevar a nivel de principio que el delito no sea punible es cancelar al categoría de delito. Esto podría corresponder al juez, analizadas las circunstancias. Hay circunstancias atenuantes, como las hay agravantes. El error radica en que, a priori, el legislador señale quién, en concreto, cuando ha cometido un delito, no merece ser castigado. He aquí la vía hacia el totalitarismo, por la acumulación de poderes. El legislador se arroga el papel de juez que elimina la pena.

El estado, el Poder Legislativo, y en particular el Poder judicial, están pensados para la defensa y promoción de los derechos esenciales de la persona, y no para que estos sean destruidos. Si se legaliza el aborto, la norma sería no sólo inconstitucional sino que el sistema de gobierno perdería su legitimidad.

EL RETORNO DEL LEVIATÁN

SCHOOYANS recuerda que la propuesta del “Estado Leviatán” partía de la base de que este es el que decidía lo que era justo o no, y quién es o no ciudadano o persona. El individuo es sujeto de derecho según las normas dictadas por el estado. El Estado como entidad plenipotenciaria decide absolutamente todo.

Tal situación es la que se da cuando al liberar el aborto del Estado comienza por meterse en lo que no debe, que es el determinar quién es o no persona, situación que, como ya vimos, nunca dependerá d lo que diga el Estado, sino de lo que es la persona en realidad.

LEYES DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO SERÍAN INCONSTITUCIONALES

Cuando en los países, como consecuencia de presiones políticas, sociales y/o económicas... se termina por legalizar el aborto, en el ámbito jurídico se comienza por constatar serias contradicciones entre la existencia de normas que, por un lado, protegen la vida, al niño o al concebido, y por otro, autorizan a matarlos.

En nuestro país están vigentes leyes que han ratificado convenios, como el relativo a los Derechos del Niño, como la convención americana sobre Derechos Humanos, en los que se  refiere a la protección del niño antes de nacer, o del concebido no nacido. Todas estas normas, de legalizarse el aborto, ¿qué sentido tendrían? ¿serían normas inaplicables? De seguro afrontaríamos graves incoherencias. SCHOOYANS describe esta realidad gráficamente diciendo que terminamos con un sistema jurídico híbrido y con graves incoherencias respecto de lo que dicen las Constituciones de todos los países respecto del respeto del derecho a la vida.

Lo grave del tema está en que de aprobarse una ley que despenalizara el aborto, ésta sería claramente inconstitucional, pues la Carta Magna, como ya dijéramos, no sólo tutela el derecho a la vida, sino que lo protege desde la concepción, sin restricciones o limitaciones de ninguna especie, pues lo establecido en tratados Internacionales, como los ya aludidos, ha constitucionalizado el criterio de la vida debe protegerse desde la concepción. Por ello, una ley que penalice el aborto sería claramente inconstitucional.

La Convención de los Derechos del Niño, que hoy es derecho positivo en nuestro país, por intermedio del art. 72 de la Carta Magna también ha constitucionalizado la tutela del niño por nacer como persona, sin estar sometido a condiciones.

El derecho en el sistema democrático tiene por fin básico salvaguardar los derechos de los ciudadanos y, en particular, de los más débiles e indefensos. En la Convención referida se pone especial énfasis en la tutela del niño, tanto antes como después del nacimiento, considerando que tiene un derecho intrínseco a la vida.

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, establece que un Convenio ratificado tiene rango “supra legal”, lo que supone que un país no puede complir lo preceptuado por un tratado por el hecho de que su legislación interna sea diferente. Si ello ocurre, el Estado deberá modificar las normas internas para que están acordes a las normas internacionales.

ABSURDOS INCREÍBLES

En el ámbito político se están oyendo ciertos argumentos que no dudamos en calificar de absurdos e increíbles. Son varios los que sostienen que como las normas existentes en materia de aborto se transgreden frecuentemente, lo mejor sería eliminar la norma y dejar que el derecho se ajuste a la realidad. Cuando la norma se ve en desuso o inadecuada, lo mejor no es eliminarla, sino ajustarla a al realidad para que ordene las conductas como debería hacerlo y no lo hace. La solución no es eliminar la norma porque no se respete, pues con este criterio, y por cierto con mayor respaldo cuantitativo, habría que eliminar las normas en materia de rapiña, por la cantidad de veces que se transgrede. Todo lo contrario; en el ámbito de las infracciones, si la norma cae en desuso hay que ajustarla a la realidad, pero no eliminando la infracción. En el tema del aborto, más que legalizar hay que proponer normas que tiendan a solucionar la situación por la que pasa la madre, pero no parece que el tema deba resolverse eliminando al hijo.

Con el aborto va a ocurrir lo mismo que con el divorcio. Alcanza con que la ley los autorice para que aumente en forma sensible desde el punto de vista cuantitativo. El final de la historia es que con las leyes divorcistas terminamos por destruir las familias y con las abortistas, aniquilaremos a lo hijos. La pregunta final sería: Por este camino, ¿qué será de nuestra sociedad? Es grave pensar que, como la ley en los hechos no se respeta, debe derogarse, pues para lograr la abrogación de una ley alcanzaría con violarla en forma pública y continua. Alcanzaría con que los jueces no aplicaran las leyes, para que las mismas se dejaran de aplicar. Así, la conducía del juez podría dejar sin efecto lo dispuesto por el legislador, y existiría una interferencia de poderes.

DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Los estados de derecho democrático no se caracterizan tanto por el respeto de la ley sino por la tutela de los derechos esenciales de todos los ciudadanos, y en particular el derecho a la vida, la libertad y la igualdad de todos. Con la aprobación de leyes abortivas se entra en una dimensión totalitaria, en la que el derecho se destruye y se convalida el crimen. Con la legislación del aborto comienza una fuerza de destrucción de los más fuertes en perjuicio de los más débiles, en la que el Estado puede destruir impunemente a los más indefensos y desprotegidos. No hay democracia donde se autoriza al crimen y los más fuertes quiénes pueden o no vivir.

<<No se puede negar que es en extremo dolorosa- afirma LÓPEZ TRUJILLO- la situación, cuando las leyes inicuas se defienden hasta impedir el clamor de una sociedad que se siente agredida en sus derechos. Y todo ello, en nombre de una sociedad que se siente agredida en sus derechos. Y todo ello, en nombre de una democracia “pluralista”, que debiera ostentar un amor de privilegio a los más necesitados e indefensos. ¡Cuán peligrosa es una democracia que se complace en despedazar a los más inocentes! En breve, lo esperamos, se reconocerá el límite cruel de una democracia, que silencia y condena a la muerte a los más débiles. Hoy día, pueblos que antes aceptaban como un derecho la esclavitud, tienen la vergüenza de hablar de democracia>>

EN LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS Y PLURALISTAS DEBE RESPETARSE LA LIBERTAD DE CADA UNO

Este slogan es repetido aún por parlamentarios cristianos, que en otros países votaron la ley de la liberación del aborto siguiendo una inspiración socialista o liberal.

Se dicen contrarios al aborto, pero como viven en una sociedad pluralista, aceptan y siguen las opiniones de la mayoría. Esta forma de razonar se usa tanto para las leyes que tengan que ver con el aborto como con la eutanasia, con la liberación de la droga.. No se trata de aceptar ciegamente lo que diga la mayoría, y entender que por este solo hecho es la solución adecuada, máxime cuando sus decisiones pueden estar referidad a derechos irrenunciables, como lo es, por ejemplo, el derecho a la vida.

EL ABORTO COMO “MÉTODO POLÍTICO” DE CONTROL DE NATALIDAD

Ciertos países y políticos temen el desarrollo poblacional de ciertas naciones (América del Sur, Asia...), pues bien saben del poder que puede ejercer un pueblo bien organizado. Estos profesan, obviamente, la necesidad de limitar el crecimiento poblacional, y qué mejor que hacerlo a través del fomento de políticas de control de la natalidad, fomentando la anticoncepción y el aborto, entre otras medidas que forman parte de lo que se ha denominado “planificación familiar”.

Se comienza por sostener que el uso de anticonceptivos disminuye los abortos, pero lo que ha sucedido es que el mayor uso de anticonceptivos aumentó los abortos. ¿Cuál es la explicación?

La difusión de la noticia de ciertos anticonceptivos evitan los embarazos no deseados llevó a que se incrementara notoriamente el número de relaciones sexuales promiscuas. Como el método de control de natalidad tiene promedios de fracaso que se ubican entre el 5 y el 10%, el aumento en la actividad sexual se tradujo en un aumento cuantitativo e fracasos, es decir, en embarazos no planificados. Es claro que los anticonceptivos, en muchos casos, más que ser una solución para los abortos, al alentar el desorden sexual en su cantidad, finalmente llevarán a más abortos por llevar a más embarazos no deseados. El engaño no está sólo en promocionar la idea de usar anticonceptivos para no abortar, sino que ello, como vimos, lleva a un mayor número de abortos. Más grave aún es promover, bajo el lema de la necesidad de “educación sexual”, la idea del sexo libre usando tal o cual método anticonceptivo. Esta forma de educar, por cierto, no reduce ni los embarazos no deseados ni los abortos. Desprovisto de la consideración de valores morales, el sexo se presenta como algo ineludible y carente de amor, y en el libertinaje y el desorden no es de extrañar que esta falta d educación sexual lleve al problema del aborto.